Antes del DILUVIO

El gran obstáculo para nuestro debate sobre pensiones: la incertidumbre

Las próximas décadas supondrán un auténtico desafío para la economía española. El horizonte se presenta cargado de incógnitas que se extienden desde los fundamentos técnicos y organizativos de la economía hasta sus formas institucionales y políticas. Estas tensiones tienen como telón de fondo dos procesos demográficos simultáneos: el aumento secular en la esperanza de vida y la jubilación de las cohortes de Baby-boomers. El primero de los procesos es progresivo e irresistible, empujando poco a poco a las economías a la realidad del envejecimiento generalizado. El segundo proceso generará cambios muy importantes y relativamente rápidos en la composición por edades de la población. Dejará sentir sus efectos en todos los aspectos relacionados con los flujos de trasferencia entre generaciones. Entre ellos, el saldo financiero del sistema público de pensiones es el más evidente.

Los cambios demográficos ocurren lentamente y son relativamente fáciles de vislumbrar, de modo que el debate sobre la “crisis de las pensiones” ha estado con nosotros desde la segunda mitad de los noventa. En la discusión popular la crisis se identifica con la necesidad de  “recortar” las pensiones, siendo las das últimas reformas (2011 y 2013) ejemplos paradigmáticos de esta percepción:   los pensionistas son las víctimas del esfuerzo por ajustar ingresos y gastos del sistema. Pero la realidad es más compleja: los cambios demográficos y económicos que se anticipan prometen un elevado grado de estrés en la relación entre generaciones. Más que una “crisis de pensiones” asistimos a la necesidad de conseguir un balance equilibrado en el reparto de los costes del envejecimiento entre personas de distinta edad.

Las pensiones deben ajustarse con el entorno …

Las pensiones públicas son una pieza clave del equilibrio en el ciclo vital de las personas, al imponer un elevado nivel de ahorro durante la fase laboral activa. En un sistema contributivo, este ahorro forzoso debe conducir a una pensión razonablemente proporcional al mismo. El entorno económico y demográfico condiciona, sin embargo, la tasa interna de retorno (TIR) de ese ahorro. En un sistema “de reparto” (PAYG) puro, los pagos de pensiones se financian con las cotizaciones sociales de los trabajadores, de modo que el crecimiento del empleo y los salarios limita las TIRs que son posibles. Aquí la noción de posibilidad radica en la capacidad y el deseo de las generaciones futuras de honrar el pacto intergeneracional con sus mayores. Cuando a una serie de cohortes grandes le sigue un grupo de cohortes pequeñas lo racional en que las TIRs bajen de modo que las cohortes de trabajadores puedan satisfacerlas sin una merma sustancial en su bienestar. Una forma en que se podrían reducir las TIRs sería ajustando las tasas de reposición de la pensión (posiblemente, de modo automático dada la evolución demográfica). Este ajuste automático se calcularía asegurando la continuidad y la equidad en el tratamiento de las cohortes sucesivas. Tristemente, implementar esté principio en la realidad se ve complicado por las incertidumbres presentes en el proceso.

El gran obstáculo para el ajuste:  la incertidumbre

Nuestro debate sobre las pensiones encalla debido a la incertidumbre sobre la evolución futura de la economía y la población (y también ante la desconfianza que una parte sustancial de la población siente respecto de las autoridades económicas, especialmente tras la doble crisis de 2008 y 2012). Entender y comunicar como responder racionalmente ante una realidad incierta es mucho más difícil que en un entorno determinístico. Más que una técnica única (digamos el principio de la Utilidad Esperada de Von-Neumann y Morgenstein) la elección racional bajo incertidumbre es una forma de pensar y proceder. Comenzaría identificando y evaluando las fuentes de incertidumbre; modelizando el comportamiento del sistema en las distintas situaciones y evaluando el bienestar de los agentes involucrados. El objetivo de la intervención tendría que ser explícito y evaluable y debería reflejar los intereses de todas las cohortes y todos los distintos grupos dentro de cada cohorte. La elección óptima tomaría la forma de reglas de decisión contingentes, de modo que los parámetros del sistema se actualizarían conforme nueva información se revelase en el tiempo. La modelización del entorno estocástico también se actualizaría con técnicas bayesianas con la nueva información. La lógica del proceso debería hacerse comprensible para la población. Proyecciones sencillas de escenarios futuros deberían ser diseminadas para ayudar a entender las oportunidades y dificultades esperables en el futuro.

 Bajo incertidumbre ni el experto ni el hombre de la calle pueden tener una previsión única de lo que ocurrirá en el futuro. La diferencia entre ambos estriba en que el primero es consciente del rango de variabilidad posible en las realizaciones futuras y de la compleja red de interrelaciones que llevan a uno u otro resultado. Para  el segundo la complejidad es tan grande que la aprehensión racional es típicamente sustituida por narrativas sencillas que guían su interpretación de la realidad. Tristemente, muchos “expertos” también limitan su esfuerzo a la mecánica de identificar patrones sencillos y elaborar historias sobre los mismos… (y todo ello dejando a un lado los intereses particulares que, en ésta como en todas las otras áreas del esfuerzo humano, puedan subyacer a la acción de los profesionales). Éstas pueden captan algún aspecto del problema o, simplemente, responder a impulsos emocionales más primarios (como la seguridad que proporciona la  adhesión a la postura de algún grupo definido). El gran peligro de esta forma de actuar es que, en situaciones con costes inmediatos y beneficios futuros inciertos, tiende a llevar a la inacción, agravando muchas veces las consecuencias del problema. Además, las fuerzas evolutivas también han desarrollado en nosotros la “Aversión a la Pérdida” (Kahneman), que nos induce a la prudencia en muchas situaciones. Sin embargo (y como discutimos en una entrada previa de este blog), este principio nos lleva a asumir más riesgo cuando la situación de partida es de pérdida cierta.

¿Cómo se concreta todo esto en nuestro debate de pensiones?

Estas consideraciones abstractas se materializan en el debate de pensiones actual. El futuro es incierto en muchas dimensiones. Por ejemplo, hoy no podemos saber exactamente la población por edades en, por ejemplo, 2050; no podemos saber la productividad del trabajo y los salarios que se pagarán entonces y no podemos saber cuantos trabajadores cotizarán en esos  años. La ciencia demográfica y económica, sin embargo, acotan la incertidumbre existente respecto de todas esas cuestiones: por ejemplo, la población tienen un alto grado de inercia, ya que la  natalidad y la mortalidad evolucionan lentamente en la serie temporal y la inmigración (que sí es susceptible de cambios más  rápidos) es un componente pequeño del total poblacional. Además,   los  inmigrantes asimilan las pautas demográficas locales rápidamente. Los modelos demográficos pueden, en consecuencia, cuantificar   la incertidumbre existente. De modo similar, la economía permite   entender los fundamentos del comportamiento del empleo y la productividad, aunque indiscutiblemente con menor precisión  que la demografía (como se discute en, por ejemplo,  el capítulo 12 de “The signal and the Noise” de N. Silver, capítulo dedicado al cambio climático, pero que contiene numerosas referencias a la economía).   Equipados con estas predicciones estocásticas, es teóricamente posible   diseñar sistemas robustos a la incertidumbre y que reflejen los  intereses de todas las generaciones involucradas.  No hay consenso sobre si el estado actual de la ciencia  económica permite estos experimentos, pero siempre es posible efectuar proyecciones condicionadas a realizaciones concretas del entorno estocástico (cuando la predicción incondicional es demasiado difícil). Con ellas se podría avanzar bastante en el diseño de sistemas robustos y equitativos.

A día de hoy estamos embarcados en una posible reforma del sistema. Está motivada por el déficit corriente del sistema y por  la aparición de un coste inmediato para los pensionistas: la erosión que la inflación de 2017 puede generar en el valor real de las  pensiones existentes  (que,  de  acuerdo al índice de revalorización de pensiones (IRP), sólo crecerán un 0.25\%).    Ante esta ruptura dolorosa del “status quo”, los humanos tenemos   la tendencia natural de buscar escapatorias (en lugar de embarcarnos en el complejo proceso de análisis antes bosquejado).   Además, la incertidumbre es una fuente excelente de narrativas que     justificarían esas escapatorias.  Es frecuente oír, por ejemplo, que bastaría con aumentar la inmigración para evitar el  envejecimiento. O que el aumento natural en la productividad es suficiente para garantizar que las generaciones futuras  podrán pagar las generosas pensiones “actuales” (ie, las   existentes antes de las reformas de 2011 y 2013). O que bastaría con  crear más empleo para que el sistema funcionase correctamente. 

Todas estas “historias” tienen un cierto grado de verosimilitud, pero no pueden aceptarse (y basar en ellas una posible reforma del sistema actual) sin una evaluación cuantitativa ex-ante. Además, estos cálculos no deben limitarse (como ha sido habitual hasta ahora) a los flujos de ingresos y caja de serie temporal. Deben evaluar el bienestar de las distintas cohortes, para determinar la mejor manera de repartir los costes del envejecimiento entre las mismas. Necesitamos aceptar nuestra ignorancia e invertir decisivamente en técnicas y modelos para reducirla.  No necesitamos reformas basadas en intuiciones de expertos o en el a priori de las ideologías políticas.  Necesitamos desarrollar modelos formales de estudio que enfaticen las incertidumbres presentes y que permita, eventualmente, rediseños  del sistema más cercanos al ideal de racionalidad antes descrito. Obviamente, este es un objetivo difícil  que llevará tiempo, pero al que nunca llegaremos sin no entendemos la naturaleza del problema que enfrentamos. Nuestra propia capacidad cognitiva y las limitaciones de los métodos que hemos utilizado tradicionalmente para enfrentar problemas menos complejos son, en buena parte, el enemigo que hay que vencer en esta lucha.  Hasta que nuestros responsables de política no sean conscientes de esta realidad es muy difícil que puedan dar pasos sustanciales para resolver complejos problemas intergeneracionales como las pensiones o la respuesta al cambio climático.

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